Desde el 2002, todos los 12 de junio de cada año se conmemora el “Día mundial contra el trabajo infantil”. Esta fecha tiene por finalidad sensibilizar a la población sobre la problemática del trabajo infantil y el impacto que tiene en la vida de las personas.

Según estimaciones de la Organización de Naciones Unidas (ONU), 152 millones de niños en el mundo se encuentra en situación de trabajo infantil; de todos ellos, 11 millones se hallan a lo largo de todo el continente americano. 

Además de su vinculación con otros fenómenos que afectan a la comunidad, hay una fuerte relación entre trabajo forzoso y trabajo infantil. Según las Estimaciones Mundiales sobre Trabajo Infantil publicadas en el 2017 por  la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al 2016  a nivel mundial eran 4 millones 300 mil los niños menores de 18 años víctimas de trabajo forzoso; siendo 1 millón los niños en situación de trabajo forzoso víctimas de explotación sexual, 3 millones víctimas de otras formas de explotación laboral y 300 mil en situaciones de trabajo forzoso impuesto por sus propias autoridades estatales.

De acuerdo a estadísticas del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos (USDOL)[2], a partir de datos aportados por el gobierno peruano, en Perú 1 millón 659 mil niños, niñas y adolescentes (el 21,8%) trabajan. De ellos, 1 millón 251 mil realizan trabajos peligrosos, el 58% en agricultura, pesca y minería. También se ha estimado que 70 500 niños, niñas y adolescentes se encuentran en riego de trabajo forzoso. En ese sentido, hay especial preocupación por sectores como la minería informal  o el narcotráfico. En el caso de la minería informal, sobre todo oro, niños, niñas y adolescentes se encuentran expuestos a derrumbes de muros y minas, deslizamientos de tierra, accidentes con explosivos y exposición al mercurio y gases nocivos. Como ha evidenciado la minería informal en Madre de Dios, La Pampa, en esas zonas los niños, niñas y adolescentes también son víctimas de explotación sexual, vinculada a situaciones de trata de personas. En la zona del VRAEM, donde aún quedan rezagos de  Sendero Luminoso en alianza con el narcotráfico,  niños, niñas y adolescentes forman parte de la cadena del narcotráfico, lo que incluye cultivo, producción (en contacto continuo con productos químicos) y tráfico de cocaína.  

Igual o más preocupante son todas aquellas situaciones que hemos normalizado y que ni siquiera se cuestionan. Niños estibadores en el Puerto de Masusa en Iquitos, niños cargadores en los alrededores del mercado de San Pedro en Cusco, niños en situación de mendicidad en las Plazas de Lima o niñas que “ayudamos” teniendo como empleadas domésticas en casa. Esta naturalización de la vulneración es la que probablemente lleve a que el trabajo infantil conlleve únicamente una sanción administrativa. En Perú se puede ir a prisión por difamar a una persona pero si se explota a un niño, niña o adolescente se sanciona administrativamente. ¿Dónde está la protección especial de la que gozan niños, niñas y adolescentes en el estado peruano?  Paradojas de la vida.

Nos encontramos ahora en plena pandemia por la COVID 19. Las estimaciones para Perú no son nada buenas. El Banco Mundial estima que en Perú la economía se contraerá este año en un -12% debido al impacto de la pandemia de la COVID-19. Según la CEPAL, la pobreza en el Perú aumentará entre un 2% a 3,5% debido a ella.  O lo que es lo mismo, cerca de un millón de familias en Perú van a ver agravada su situación económica, incrementándose el riesgo de trabajo infantil, trabajo forzoso y trata de personas.

Sumado a ello, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Educación del 2015, el trabajo infantil en Perú es una de las causas de deserción escolar con tasas a nivel nacional de 2,2% en el nivel inicial, un 10,8% en primaria, y un 12,1% en secundaria (en algunas regiones como Loreto estos niveles se incrementan hasta un 19,5 % en inicial y un 34% en secundaria). Situación  que se vería agravada por la crisis COVID 19 ya que ante la caída de los ingresos familiares, producto de la pérdida de empleos o una situación de emergencia, aumenta la deserción escolar de niños, niñas y adolescentes ante las dificultades de hacer frente a los costos vinculados a la educación y priorización de otros gastos familiares[3].

En este contexto, con el apoyo del USDOL, CHS Alternativo, en el marco del Proyecto Compromiso contra el Trabajo Forzoso, ha desplegado una serie de acciones para dar una mayor visibilización del trabajo forzoso infantil. El rol de los tres niveles de gobierno es fundamental  para la identificación de indicadores que ayuden a registrar estas situaciones. Al mismo tiempo se  trabaja de la mano con autoridades laborales, sector empresarial y sindicatos de trabajadores desde el diálogo, la articulación. Ello ha permitido capacitar a  inspectores laborales, fiscales y policías especializados, brindar asistencia técnica a instituciones, el desarrollo o la actualización de sistemas de registro de información y el diseño de observatorios regionales. Con ello se espera que el Estado genere mayor información y mejores decisiones. Sin embargo, una de las actividades más importantes es la promoción de una cultura de la denuncia, donde esperamos el concurso de trabajadores y sindicatos, empresas privadas y organizaciones de la sociedad civil. El objetivo: acabar con la tolerancia, la normalización y la indiferencia frente a casos de trabajo forzoso, incluyendo las peores formas de trabajo infantil.

[1] «Findings on the Worst Forms of Child Labor”, 2018

[2] «Findings on the Worst Forms of Child Labor”, 2018

[3] Modelo de identificación del riesgo de trabajo infantil, CEPAL, 2018